El fiscal pide exonerar a la senadora Barreiro al certificar que no pagó a Púnica por lavar su imagen

El fiscal pedirá exonerar a la senadora Pilar Barreiro tras haber certificado el Ayuntamiento de Cartagena que no tuvo contratos con Púnica. El informe municipal y la postura del fiscal pueden suponer, de este modo, un fuerte giro en el problema político en el que se había convertido la figura de la senadora de cara al cierre de acuerdos entre el PP y Ciudadanos. Y es que el partido de Rivera había reclamado la salida de Barreiro como condición indispensable para aprobar los Presupuestos.

La Fiscalía, de este modo, da la razón a Barreiro. Y lo hace porque el informe municipal ha confirmado la tesis de la senadora y ex alcaldesa de Cartagena de que hubo contactos para realizar una consultoría de imagen en favor de la diputada, pero nunca hubo ni el más mínimo cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena.

La senadora del PP Pilar Barreiro había mantenido esta versión desde hace tiempo. En sede judicial –ante la juez del Tribunal Supremo Ana Ferrer– Barreiro reconoció su entrada en contacto con Alejandro de Pedro, ligado a la trama Púnica, para que la asesorara en materia de imagen en Internet. Pero la senadora repitió una y otra vez que esta labor de asesoría –que, además, no se había llegado a materializar– nunca estuvo previsto que se pagara con fondos públicos. Y es que el desembolso estaba previsto realizarlo desde las arcas del partido. De hecho, el abogado de la senadora, Raúl Pardo Geijo, reclamó el archivo de la causa y el sobreseimiento de su cliente.

Según la defensa de Barreiro, aunque es cierto que entre junio y septiembre de 2014 se facturaron a De Pedro unos trabajos realizados para el Ayuntamiento como «Campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros, esos gastos no tienen nada que ver con los contactos de asesoría de imagen de los que se acusó a la senadora.

Presión de Ciudadanos

Este era el principal argumento de la senadora para mantener su inocencia y para defender su continuidad en el puesto. Una negativa a dimitir que, sin embargo, no contentaba a Ciudadanos. Los hombres de Rivera consideraban que la acusación contra Barreiro era condición más que suficiente para exigir su cabeza como condición para alcanzar pactos con el PP.

Este mismo viernes se dará a conocer la postura de la Fiscalía. Una postura que avala la tesis defendida por la senadora. La Fiscalía expondrá en su alegación el informe del Ayuntamiento de Cartagena. Un informe donde se certifica que no ha existido ni pago, ni previsión de él, por lo que Pilar Barreiro, señalará la Fiscalía, efectivamente debe quedar libre de la causa contra ella.

El alto tribunal abrió esta causa en octubre de 2017 por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. El Supremo decidió investigar a la senadora y ex alcaldesa de Cartagena asumiendo los argumentos de la exposición razonada que remitió el pasado mes de mayo el juez Eloy Velasco, al frente en ese momento de la instrucción del caso Púnica en la Audiencia Nacional.

Ahora, el rumbo de los acontecimientos parece estar a punto de dar un giro.
No se trata de la primera vez que Barrerio recibe un ataque en falso en los tribunales. De hecho, la preocupación de la senadora procedía del impacto que le supuso en su imagen su supuesta implicación al caso de corrupción Nova Carthago. Por esta causa, la ex alcaldesa también tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo. Una causa que, sin embargo, acabó en nada para ella porque el alto tribunal sobreseyó la acusación ante la ausencia de pruebas reales que avalasen su teórica vinculación.

Con la postura de la Fiscalía, ahora la decisión final depende ya de la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana Ferrer. Ferrer (JpD), primera magistrada en acceder a esa Sala en sus 200 años de historia, cuenta con un amplio prestigio y reconocimiento por su labor. Un prestigio que apunta a su imparcialidad y a su plena ausencia de criterios políticos en su labor judicial.